Hasta ahora, las grandes líneas del debate nacional suelen detenerse en las puertas de la economía. Se habla de competencia, de productividad, de eficacia, de técnica, etc. Pero poco se habla de la cultura, del arte, y nada de la educación, que siempre es vista como una variable económica y no como la gran palanca civilizadora que condiciona y determina las demás posibilidades del desarrollo.

En este sentido es muy importante recordar las palabras del rector de la UNAM, José Narro, cuando ante el Presidente de la República y ante un buen número de Rectores de Universidades de América Latina, señaló ( La Jornada 3 dee Julio del 2010), “que la solución de los problemas sociales y económicos pasa necesariamente por la educación, la cultura, el arte y la ciencia. Sin ciencia y educación, simplemente no hay desarrollo, sin arte y cultura se pierde el sentido humano”.

Al mismo tiempo en palabras que para algunos sonaron fuertes, el Rector cuestionó el modelo de desarrollo cuya meta es “acumular bienes y capital. Al hacerlo, sin límites ni decoro, sin freno en la manera de conseguirlo, y sin medir las consecuencias de este proyecto económico, se nos ha condenado al fracaso más estrepitoso, al tiempo que se genera la crisis más fuerte y despiadada en que vivimos”.

La defensa de nuestras Universidades públicas, de nuestra Universidad Indígena, es pues, el corolario de una propuesta de principios que apunta, ciertamente, a rebatir las ideas dominantes de una globalización mercantilista, a unas acciones de desarrollo paternalistas, sin sentido humano, a una pobreza que debe de existir con el crecimiento del capitalismo, etc. Narro no se guardó las críticas a los paradigmas que “pese a la crisis se presentan como verdades inamovibles y ,en cierta forma, los hizo responsables del incremento del desempleo o la aparición de las lacras de una modernidad mal entendida, de la desesperanza de los “de abajo”, de la violencia galopante, del narcotráfico, de la abundante presencia del ejército en nuestras tranquilas calles provincianas, de los desajustes ambientales y de las patologías colectivas”.

Y una de las consecuencias importantes que surgen de estas reflexiones, es la discriminación en los procesos educativos del Estado y sus agentes, sobre todo en la educación indígena, que se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos, pertenecientes a los pueblos indígenas, en consecuencia, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socio-económicas, sufren de acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los Estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación y segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades.

Se niega a los pueblos indígenas el derecho a una educación de calidad con gran contenido cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta y sutil que incide en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes. Resumiendo, no existe en México una educación que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas , en el marco de su identidad, sus costumbres y su cosmovisión.

Esa discriminación institucional y social que sufren la niñez y la juventud indígenas, se manifiesta en el ofrecimiento de servicios de ínfima calidad y carácter compensatorio. La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones y la manera en que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como culturas milenarias.

A pesar de la exigencia de leyes –nacionales e internacionales- que reconocen la diversidad cultural y lingüística, resultado de movimientos y luchas populares, estas por sí solas no garantizan una educación con contenido cultural, ya que las acciones y políticas, no solamente no las respetan, sino que están dirigidas a generar mecanismos y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias.

Desgraciadamente podemos afirmar que los programas y estilos de trabajo autoritarios en los que son formados niños, niñas y jóvenes, refuerzan el mecanismo y pensamiento de discriminación social y étnica, ya que la formación que reciben, sean indígenas o no, niega el diálogo entre los distintos pueblos que conviven en la nación. Se hace responsable de la discriminación a personas individuales, a oportunistas de la educación, ocultando el hecho de que son las propias políticas educativas las que generan las condiciones en que los estereotipos discriminatorios se expresan. Así actualmente la escuela opera como una instancia coercitiva y excluyente.

Es triste aceptar que también los maestros, incluso muchos de origen indígena, son agentes activos o pasivos, que reproducen la discriminación socioétnica y el sexismo que el Estado promueve. Por ello debe una reflexión autocrítica para dilucidar estrategias efectivas de las luchas de los pueblos indios. La forma más coherente de combatir la discriminación y practicar una educación con amplio sentido cultural es mediante el fortalecimiento pleno de la autonomía de la educación indígena, en donde se abra el horizonte de posibilidades y diálogos entre las etnias indígenas y los sectores que componen la sociedad mexicana. Es mostrar la cara intelectual y preparada de nuestros educandos y maestros indígenas que manejan un instrumental en donde se debe hablar de participación, de solidaridad social y nunca de prepotencia o discriminación social, menos por la lengua o el color de la piel.

Guadalupe Hernández y Luis Sereno

C. UARHI A.C. Junio del 2010.